El programa de vivienda del Infonavit pone dudas sobre el ahorro de los trabajadores

El Infonavit administra uno de los fondos más grandes del país: más de 1.3 billones de pesos acumulados en la Subcuenta de Vivienda.
Ese dinero no es del gobierno. No es del Instituto. No es un recurso público disponible para programas sociales. Es propiedad exclusiva de los trabajadores, construido durante décadas con aportaciones patronales obligatorias y rendimientos que, por ley, deben protegerse.

Mientras tanto, el gobierno federal impulsa un programa masivo de construcción de vivienda. Se concursan obras, se levantan miles de casas y se anuncia que serán para derechohabientes.

Lo que no se anuncia es de dónde sale el dinero para financiar ese programa. No existe un solo documento público que aclare si se trata de recursos fiscales, de reservas operativas del Infonavit o, en el peor escenario, de recursos vinculados a la Subcuenta de Vivienda.

Esa opacidad no es un detalle administrativo. Es un riesgo institucional.

El Infonavit puede construir vivienda, sí, pero solo con recursos propios, nunca con el ahorro individual de los trabajadores.

La Subcuenta no es un fondo para infraestructura gubernamental.
Es un fondo para créditos, rendimientos y devoluciones al pensionarse.
Si se toca, aunque sea parcialmente, se descapitaliza la capacidad del Instituto para cumplir su función básica: garantizar que cada trabajador pueda ejercer su derecho a vivienda o recuperar su ahorro al final de su vida laboral.

El problema no es la construcción de vivienda. El problema es la falta de claridad.

Cuando un programa avanza sin explicar su financiamiento, se abre la puerta a que un fondo privado —porque eso es la Subcuenta— termine sosteniendo decisiones públicas sin autorización de sus dueños. Y los dueños son millones de trabajadores que, el día de mañana, podrían encontrarse con un ahorro debilitado, con menos rendimientos o con un Instituto presionado para cubrir retiros que ya no están plenamente respaldados.

La pregunta es simple y urgente:

¿Qué institución garantiza que el programa de vivienda del gobierno no está comprometiendo recursos que no le pertenecen?

Hasta hoy, nadie ha dado esa respuesta.

La transparencia no es un gesto político. Es una obligación legal.
Por tal razón, cuando se trata del ahorro de los trabajadores, es también una línea que no se puede ni debe de cruzar. ¿Hoy quien nos puede aclarar estas dudas?

¡Esperemos respuesta!