Quién defiende realmente el agua como derecho, y quién la administra como poder?

La reciente aprobación de la Ley de Aguas Nacionales por parte del bloque oficialista ha dejado en evidencia una fractura profunda entre lo acordado en la mesa de diálogo y lo legislado en el pleno. Los campesinos y transportistas, que apenas semanas atrás habían levantado bloqueos para exigir respeto a sus derechos, hoy se enfrentan a una normativa que contradice los compromisos firmados en la Secretaría de Gobernación.

El dictamen mantiene la desaparición de la transmisión de derechos y sustituye este mecanismo por la llamada “Reasignación de Volúmenes”, un procedimiento que dependerá de un comité dominado por autoridades federales. En otras palabras, lo que se había garantizado como un binomio inseparable —agua y tierra— ahora queda sujeto a la discrecionalidad burocrática.

Más grave aún: las sanciones que, según el acuerdo, no se aplicarían a los productores en general, fueron limitadas únicamente al uso familiar y doméstico. El campo, motor de la alimentación y la economía rural, queda expuesto a multas y delitos que criminalizan prácticas históricas de aprovechamiento del agua.

La narrativa oficial insiste en que se trata de combatir el acaparamiento y la mercantilización del líquido. Sin embargo, el discurso se centra en señalar a opositores políticos, mientras se omite revisar concesiones de figuras cercanas al propio partido en el poder. La justicia, entonces, se convierte en un doble rasero: se castiga a unos, se protege a otros.

Los campesinos y transportistas no reclaman privilegios, reclaman certeza. Reclaman que el agua, fuente de vida y trabajo, no se convierta en un instrumento de control político ni en un terreno de sospecha permanente. La traición a los acuerdos no es solo un asunto legislativo: es un golpe a la confianza ciudadana, a la palabra empeñada y al derecho de quienes sostienen con esfuerzo la producción del país.

¿Quién defiende realmente el agua como derecho, y quién la administra como poder?