Seguridad a crédito: el contrato que hipotecará Tabasco

En Tabasco, la seguridad se ha convertido en el argumento perfecto para justificar decisiones que, en cualquier otra circunstancia, serían políticamente indefendibles.

El Gobierno del Estado y su mayoría legislativa acaban de aprobar un contrato plurianual por 2 mil 134 millones de pesos, bajo el eufemismo de “Mejoramiento Integral en la Operación de Seguridad y Protección Ciudadana”.

Lo que realmente aprobaron no es un programa de seguridad:

Es una obligación financiera encubierta, un esquema de deuda maquillada y un compromiso multianual que condiciona el futuro presupuestal del estado durante cinco ejercicios fiscales.

*La seguridad como paraguas politico

El dictamen legislativo se sostiene sobre la narrativa del miedo: estadísticas de violencia, percepciones ciudadanas, índices nacionales y regionales. Todo ello útil para vender la idea de urgencia.

Pero lo grave es lo que no incluye:

ni un solo estudio financiero serio, ni un dictamen técnico independiente, ni un análisis de costo-beneficio, ni una estimación del impacto presupuestal que tendrá este contrato hasta 2030.

El Congreso no legisló: obedeció.

Y en esa obediencia hipotecó más de dos mil millones de pesos sin una sola cifra verificable.

Un PPS sin llamarse PPS

Los especialistas en finanzas públicas identificarían de inmediato la estructura: pagos fijos multianuales, infraestructura tecnológica, mantenimiento integral, transferencia de activos al concluir el plazo.

Eso es un Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), un esquema utilizado en los 2000 y 2010 que dejó a varios estados con cargas financieras impagables.

La diferencia es que entonces se llamaban por su nombre.

Aquí, simplemente se esconden debajo de la etiqueta de “servicio integral”.

La anualidad presupuestaria: el principio que se violó en silencio

La Constitución de Tabasco es clara:

el presupuesto se aprueba año con año y solo puede comprometerse a futuro con fundamentos sólidos.

El dictamen aprobado hace exactamente lo contrario: obliga a Tabasco a pagar 358 millones en 2026, 408 millones en 2027, 500 millones en 2028 y 2029, y 367 millones en 2030, sin explicar de dónde salen esas cifras ni qué justifica los incrementos.

No es solo opacidad:

es un golpe directo al principio constitucional que protege la estabilidad financiera del estado.

El Congreso: un contrapeso de papel

La función del Congreso es preguntar, vigilar, revisar, corregir.

Pero en este caso, el Legislativo renunció a ser contrapeso para convertirse en sello automático del Ejecutivo.

Las preguntas mínimas nunca se hicieron:

•⁠ ⁠¿Quién será el proveedor?

•⁠ ⁠¿Con base en qué se calculó el monto total?

•⁠ ⁠¿Por qué 57 meses y no 12?

•⁠ ⁠¿Por qué no se licita por año?

•⁠ ⁠¿Por qué no hay dictamen de la Secretaría de Finanzas?

•⁠ ⁠¿Por qué no se presentó un análisis de sostenibilidad fiscal?

Cualquier estudiante de administración pública sabe que un compromiso de más de 2 mil millones exige más que un discurso de seguridad.

El futuro comprometido: el costo político real

No hay forma elegante de decirlo:

Tabasco está firmando un contrato cuyo impacto financiero nadie ha explicado.

Si el proyecto fracasa —como han fracasado tantos experimentos de seguridad en el país— el estado no podrá cancelar el acuerdo sin pagar penalizaciones millonarias.

Y si funciona, será difícil separar si la mejora proviene de la estrategia o simplemente del gasto extraordinario.

Mientras tanto, el silencio político comienza a tomar forma:

nadie quiere asumir la responsabilidad del contrato, pero todos votaron por él.

El ciudadano, como siempre, es el que paga

Tabasco necesita seguridad, sí.

Pero la seguridad real nace de la profesionalización policial, la inteligencia, la coordinación interinstitucional y la ejecución presupuestaria responsable.

No de contratos gigantescos aprobados al vapor, sin transparencia y sin metodología técnica.

La pregunta que queda en el aire es sencilla:

¿Quién gana con este contrato?

Porque el ciudadano, claramente, no.