Entre lo Público y lo Privado

En casi todas las economías modernas conviven dos fuerzas: la lógica del mercado y la lógica del interés público. A ese arreglo se le conoce como economía mixta: el sector privado busca beneficios económicos, mientras el gobierno además de regular, recaudarimpuestos, posee y opera empresas estratégicas como energía, transporte, finanzas, recursos naturales y de servicios financieros, proporcionando bienes y servicios que el mercado no ofrece o no lo hace con la cobertura social deseada.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) estima que el Estado opera al menos en sectores como infraestructura, energía, transporte, medio ambiente y desarrollo social. Al mismo tiempo, la evidencia sobre problemas de eficiencia, corrupción y presión al erario plantea una pregunta incómoda: ¿debe el Estado administrar empresas… o basta con que las regule y arbitre?
Sabemos que el Estado tiene, al menos, tres grandes roles en la economía:
 
Proveedor de bienes y servicios esenciales: Laparticipación pública es necesaria donde la inversión privada no llega. Organismos como la OCDE subrayan que el desafío es atraer inversión privada sin perder de vista el interés público ni trasladar riesgos excesivos al erario.
 
Empresario directo: El Estado opera empresas en sectores estratégicos o de alto impacto social. Aquí el reto es doble: que cumplan objetivos de política pública (acceso, cobertura, seguridad, sostenibilidad) yque no se conviertan en agujeros negros financieros. La gobernanza —consejos de administración profesionales, metas claras, transparencia— es determinante.
 
Regulador y árbitro: Aunque no sea propietario, el Estado es el responsable de defir las reglas del juego: normatividad, tarifas, competencia, estándares de calidad, protección ambiental y laboral. Sin reguladores fuertes e independientes, ni los privados ni las empresas públicas responderían al interés general.
El Estado interviene en la economía de muchas formas: impuestos, subsidios, regulación, compras públicas, asociaciones público-privadas y, en el extremo, propiedad directa de empresas. Las llamadas empresas públicas o empresas de propiedad estatalsiguen siendo actores centrales. Estas empresas tienen un peso especial: aportan ingresos fiscales, garantizan servicios básicos y, en ocasiones, son instrumentos de política industrial. Pero también arrastran una larga historia de ineficiencias, discrecionalidad y opacidad.
El principal enemigo de un buen balance entre lo público y lo privado es la politización de las decisiones empresariales. Cuando las empresas del Estado se convierten en botín de corto plazo —nombramientos por cuotas, tarifas reguladas sin sustento, inversiones con fines electorales— el costo no tarda en reflejarse en sus estados financieros y, después, en el presupuesto público.
 
La OECD y el Fondo Monetario Internacional (FMI) son de las fuentes principales de investigación sobre la gobernanza de las empresas estatales, estudios comparativos muestran que, en promedio, las empresas estatales tienden a ser menos rentables y productivas que sus equivalentes privadas, aunque con mucha variabilidad entre países y sectores.
Las razones se repiten: interferencia política en decisiones técnicas, objetivos múltiples (sociales, laborales, territoriales) sin compensación presupuestal clara; reglas de contratación o inversión más rígidas que las del sector privado; plazas o subsidios con fines electorales; falta de información clara sobre costos, transferencias y subsidios; auditorías débiles o poco consistentes baja competitivida. A ello se suman, en algunos casos, estructuras sindicadles corruptas.
Pero tampoco es cierto que la propiedad privada garantice automáticamente buenos resultados.Durante décadas se instaló la tesis de que el sector privado es, por definición, más eficiente que el Estado. Hay abundantes ejemplos de monopolios privados con tarifas altas, baja calidad o prácticas abusivas cuando el “regulador” es débil. De ahí que el debate serio no sea “Estado sí vs. Estado no”, sino bajo qué condiciones la empresa pública puede desempeñarse de manera comparable a una privada bien regulada.
Un factor preponderante de riezgo en las finanzas públicas se da cuando una empresa estatal acumula pérdidas o deuda, rara vez quiebra: la respalda el contribuyente. Organismos como el FMI advierten que estas empresas pueden convertirse en “otro gobierno” paralelo, que asume obligaciones fuera del presupuesto y genera pasivos contingentes considerables. El caso de Pemex, considerada la petrolera más endeudada del mundo, ilustra bien el dilema: entre 2019 – 2024 el Estado ha destinado poco más de 1.3 billones de pesos para su rescate, absorbiendo recursos que podrían destinarse a seguridad pública, salud, educación o infraestructura, y aun así no está claro que se haya encontrado un modelo sostenible de negocio, lo que erosiona la confianza ciudadana en el Estado como administrador.
Organismos internacionales coinciden en una idea clave: el problema no es tanto la propiedad estatal en sí misma, sino cómo se gobiernan estas empresas, qué incentivos tienen sus directivos y qué tan transparente es la relación con el fisco. Donde hay opacidad, interferencia política de corto plazo y presupuestos blandos (“papá gobierno siempre rescata”), los riesgos fiscales se disparan.
 
Otros análisis mas recientes, como el de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalan que la eficiencia depende del contexto: como la regulación, la competencia, gobernanza y diseño institucional. Hay empresas públicas que compiten exitosamente en mercados abiertos, y empresas privadas que operan en monopolios con fuertes rentas y escasa innovación.
 
Privatizar por automatismo o estatizar por reflejo ideológico suele ser una mala política pública. Expertos en la materia refieren que la clave está en alinear incentivos con objetivos de desempeño, sea cual sea el tipo de propiedad.
La gran pregunta es: ¿Debe el Estado administrar empresas?
Más que una respuesta única; expertos en la materia señalan que depende del sector, de la capacidad institucional, de los objetivos de política pública y seguridad nacional, por lo que apuntan a proponer un conjunto de reglas y principios, tales como:
Definir claramente dónde debe estar el Estado
Presencia directa solo donde existan fallas de mercado significativas: monopolios naturales, bienes públicos, seguridad nacional, metas ambientales o de equidad difíciles de lograr por otras vías. En el resto de sectores, priorizar regulación fuerte, competencia y esquemas de asociación o concesión bien diseñados.
Separar roles del Estado
El mismo gobierno no debe ser, al mismo tiempo, regulador, dueño y cliente principal de una empresa sin cortafuegos institucionales claros. Las buenas prácticas recomiendan unidades especializadas de propiedad estatal, separadas de los ministerios reguladores.
Profesionalizar la propiedad pública
Consejos de administración con mayoría de independientes y perfiles técnicos; procesos de nombramientos transparentes, basados en mérito; metas explícitas, viabilidad financiera y objetivos de política (cobertura, transición energética, etc.), con indicadores públicos.
Transparencia total de cuentas y subsidios
Los apoyos del gobierno deben estar en el presupuesto, no escondidos en tarifas o deuda. Informes comparables a los de las empresas privadas ayudan a que ciudadanía y mercados evalúen desempeño y riesgos.
Disciplina fiscal y límites al rescate
Establecer reglas sobre cuándo y cómo se puede apoyar a una empresa estatal, sujetas a análisis costo-beneficio y debate público. Las transferencias no deben ser automáticas ni ilimitadas.
Rendición de cuentas ciudadana
Publicar datos accesibles sobre tarifas, calidad del servicio, salarios directivos, inversiones y resultados. Involucrar a órganos autónomos de fiscalización y a la sociedad civil en la vigilancia.
El debate sobre si el Estado debe administrar empresas no se resolverá de una vez y para siempre. Las crisis financieras, las pandemias, la transición energética y las tensiones geopolíticas seguirán empujando el péndulo hacia más intervención pública en algunos momentos y hacia mayor protagonismo privado en otros.
 
La verdadera discusión ya no debería ser “Estado sí o no”, “mercado sí o no”, sino qué combinación de propiedad, regulación y gobernanza maximiza el bienestar colectivo en cada sector y país. Si algo deja claro la experiencia internacional es que ni el Estado empresario sin control, ni el mercado desregulado,entregan por sí solos, la promesa de desarrollo incluyente que la ciudadanía exige.
 
 
Allí se juega el futuro de la relación entre lo público y lo privado: en la capacidad de construir un Estado que, cuando decide ser empresario, lo hace con la misma disciplina y profesionalismo que exige al mercado… pero con un objetivo distinto y superior: garantizar derechos y bienestar para todos.